viernes, 12 de noviembre de 2010

Argumentos contra la educación estatal

Primero que todo, a riesgo de parecer majadero, hay que hacer hincapié en que la educación pública no es dominio exclusivo del Estado, ya que se puede ser perfectamente una institución particular que imparta su cosmovisión abierta para todos los ciudadanos, con o sin subsidios, pero público.
Ahora, tradicionalmente la educación estatal en nuestro país se conoce porque comprende al menos cuatro pilares que la definen como tal, a saber; Administración estatal de entidades educativas, Regulación de contenidos, Obligatoriedad, y Financiamiento público. Espero tocar brevemente cada una de esas políticas y explicar porque la legitimidad de este sistema educativo es solamente ilusoria.
Hay que decir a modo de introducción, que la legitimidad de la “gratuidad” de la educación es una discusión sobre quién debe hacerse cargo de los inevitables costos que existen en la enseñanza y no, por supuesto, si deben o no existir esos costos. Esto último no tiene sentido si se considera que la educación no es gratuita per sé, ni un derecho congénito, sino que es producto de la cultura, y como todo, tiene un costo asociado.

Es de conocimiento público que en la mayoría de las naciones, la educación estatal, se sustenta en la administración central de muchas unidades educativas. Sin embargo, no existe ninguna clara justificación para esto. En primer lugar, para que exista "gratuidad" en el acceso a la educación estatal, no es necesaria la intervención directa del Estado, ya que también podría establecerse con un sistema de bonos vouchers (explicados en mi post anterior), en los que la administración del dinero destinado a la educación de cada individuo queda en absoluto control de ese individuo, aplicando su libertad.
Por otra parte, se cree que la administración estatal podría ser más eficiente en la asignación de recursos que el sistema mercantilista. Sin embargo, el análisis de los incentivos que enfrentan a los funcionarios públicos (Presiones sindicales), así como aquellos que enfrentan a los empresarios privados, nos demuestra que ese no es el caso. Ejemplo de aquello es lo sucedido en Philadelphia, Estado que destinó 7.779 dólares por alumno en el año 2000. Al ser uno de los distritos con peores resultados en las evaluaciones a nivel nacional, se decidió privatizar su administración. La compañía a la que se le ha concedido la mayor cantidad de escuelas, Edison Schools, cobra al distrito 6.900 dólares por alumno, siendo su desempeño comparativamente mejor*
La única otra razón que se puede imaginar como fundamento de la administración estatal es aquella relacionada con la idea de que el control de los contenidos estaría asegurado de una forma que no es posible conseguir cuando se subsidian entidades de propiedad privada. Lo cual en parte es cierto, pero creo firmemente en que la libertad de enseñanza es mucho más importante que la universalidad de los contenidos, porque nos enseña a ser ciudadanos más tolerantes, en un mundo cada vez más globalizado y que está ávido por aprender de otros. 
Sobre la obligatoriedad que presupone la educación estatal sobre la privada, se puede decir que dicha justificación es absurda. Se basa en una supuesta protección a los menores que sólo puede justificarse por cierta falta de capacidad de sus padres. Pero no existe justificación alguna para negar a individuos con mayores capacidades la libertad de no proveer a sus hijos esa misma educación.
Queda de manifiesto que aún existen muchos mitos sobre la educación estatal, en parte, puestos en nuestra sociedad por grupos que plantean seguir este modelo, y ante la falta de argumentos estadísticos, usan el arma más poderosa que poseen; el control de la opinión pública.


 
* “Philly Schools Test Huge Rerfom,” USA Today, 26 de Abril del 2002 (www.liberalismo.org)

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